MACRI LA CUIDAD NO ES TU EMPRESA

¿Quién Hace campaña contra las cooperativas?

En la última campaña electoral Macri hizo una maratón de propuestas: programa de educación, de salud, de seguridad, de construcción de 10 km. de subtes por año, y de 10.000 viviendas por año.

¡Las promesas electorales son para cumplirlas!

Los hechos hablan: alumnos luchando por las becas y la calefacción de las escuelas, los talleres de los hospitales de salud mental en lucha para impedir su cierre, los docentes por sus salarios, los hospitales se quedaron sin insumos, el hospital de Lugano en veremos, los ñoquis del gobierno nunca fueron encontrados pero aumentó sugestivamente la planta de nuevos empleados, el gobierno se desentendió de la urbanización de villas…, etc., etc., etc.

¿Cuándo se van a poner a trabajar en serio?

Lo que sí se comenzó a Hacer en Mataderos: mientras vecinos pelean por el viejo cine El Plata, comprado para centro cultural y que en un pase de manos quieren convertirlo en un edificio para el CGP; existe una sola escuela secundaria estatal para el barrio; el hospital Santojanni está desbordado completamente; calles intransitables; iluminación escasa; inseguridad latente, caen dos gotas y desbordan las cloacas… todo esto hace un panorama insoportable para vivir.

La otra cara de la moneda muestra el comienzo de una caza de brujas contra las cooperativas de vivienda autogestionarias que construyen a mucho más bajo costo y con mejor calidad que las licitaciones que aprueba el Gobierno de la Ciudad. Estas organizaciones han logrado comprar terrenos en el barrio y a lo largo y ancho de la Ciudad. Un sector de vecinos acaudillados por intencionados y ocultos intereses, han iniciado una campaña de desinformación sobre la realidad, desviando el legítimo derecho al reclamo vecinal por esta ausencia de gestión gubernamental, a ello se suma que el gobierno ha llegado al colmo de incluir las obras de las cooperativas como realizadas por ellos mismos, generando más confusión a los vecinos que tampoco tienen viviendas propias. Este gobierno que es incapaz de desarrollar un verdadero plan de viviendas en los barrios ha demostrado hasta ahora que la única política de viviendas es expulsar a los trabajadores de la Ciudad, mediante veto de leyes, desalojos judiciales o vía patotas parapoliciales

¿A qué obedece esta persecución?

Las 400 cooperativas inscriptas en el IVC que nuclean a 8.000 asociados, trabajadores sin vivienda propia que viven y trabajan en la Ciudad, han logrado comprar 110 terrenos en 8 años de lucha, de los cuales están en obra 47 y 6 han concluido sus proyectos, quedando demostrado que sus obras en toda la Ciudad no han sido cuestionadas en ningún barrio.

Rechazamos la discriminación de estos sectores.
No a la lucha entre pobres.
Por el derecho a vivir en la Ciudad.

EL DESALOJADOR!!!

La medida deja abierta la puerta para desalojar a las familias que ocupan viviendas en la traza de la ex AU 3, entre Belgrano y Villa Urquiza. El gobierno porteño tiene un plan para vender esas tierras para emprendimientos inmobiliarios.
“Despacito, en silencio, se van haciendo desalojos”, dijo, en declaraciones radiales, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La frase –toda una definición en materia de política de vivienda del macrismo– acompañó el anuncio del veto a una ley aprobada días atrás por la Legislatura, que suspendía los desalojos en todos los edificios pertenecientes al Estado porteño ocupados por personas en situación de emergencia habitacional. Al firmar el veto, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, deja abierta la puerta para el desalojo de unas setecientas familias que ocupan la traza de la ex AU3, un conjunto de viviendas que fueron expropiadas para la construcción de una autopista que nunca se hizo y están ocupadas por familias desde hace más de veinte años. Sin embargo, en forma paralela, se conoció el fallo de una jueza porteña, Elena de Liberatori, quien ordenó la suspensión de los desalojos en toda la extensión de esa traza. Para catorce manzanas de ese tramo que van desde Villa Urquiza a Belgrano, el macrismo tiene prevista la venta de las tierras para la edificación de viviendas por parte de empresas constructoras e inmobiliarias.
“Hoy vetamos una ley que prohibía desalojar inmuebles que son propiedad del gobierno”, confirmó Rodríguez Larreta, en declaraciones a Radio Mitre. El presunto fallido daría cuenta de la confusión que existe en el Ejecutivo porteño, que asume como propio el patrimonio que es público. “Se evalúa caso por caso, no hay una solución única. Despacito, en silencio, se van haciendo desalojos”, argumentó.
La Legislatura había aprobado el 4 de diciembre último la Ley 2973 por la cual se suspendían los desalojos de inmuebles propiedad del Estado porteño mientas rija la emergencia habitacional, que por otra ley (la 1408) fue fijada hasta octubre de 2010. La norma también obligaba al Poder Ejecutivo a presentar dentro de los 90 días, un plan para solucionar progresivamente el déficit habitacional y creaba una comisión de seguimiento integrada por legisladores, varias ONG y la Defensoría del Pueblo, para garantizar el cumplimiento de ese plan.
La ley había sido aprobada por todo el arco opositor: 29 votos, incluidos ex macristas, contra 26 del bloque del PRO, que se opuso en forma unánime. Ahora, la Legislatura podría insistir con un rechazo al veto, pero para eso haría falta una mayoría especial de dos tercios del cuerpo, 40 votos que la oposición no podrá reunir.
El Estado porteño tiene un número no determinado de inmuebles que no utiliza y que están intrusados, pero el verdadero centro de interés está en la traza de la ex AU3, la autopista que iba a unir Núñez con Pompeya pero que no llegó a ser. El intendente de la dictadura, Osvaldo Cacciatore, expropió las viviendas, que quedaron abandonadas y fueron ocupadas por personas en situación de emergencia habitacional (ver recuadro). Un sector de esas viviendas fue desalojado, las viviendas se demolieron y se construyó allí un parque lineal, desde avenida Congreso hasta la General Paz, junto a la Avenida Roberto Goyeneche. La mira se dirigió entonces al tramo desde Congreso hasta Avenida de los Incas, catorce manzanas ubicadas entre las calles Donado y Holmberg. Para ese tramo, en la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, hay un proyecto de zonificación que permita construir allí viviendas de hasta cuatro pisos.
La ofensiva de los desalojos empezó en septiembre del año pasado. “El Ejecutivo dictó el decreto 1165 que establecía una serie de prestaciones en dinero, desde 6000 a 15.000 pesos, para las familias que abandonaran el lugar”, dijo a Página/12 la abogada Natalia Belmont, del grupo Enlace Cual Derecho, que asiste a las familias afectadas. “Desde entonces comenzaron las intimaciones a desalojos administrativos, es decir, no por la vía judicial”, agregó la abogada. Por esa razón, la organización presentó en diciembre un recurso de amparo en favor de las familias intimadas, al que la jueza Elena de Liberatori hizo lugar, ordenando la suspensión de los desalojos hasta que se den soluciones habitacionales para esas familias.
En forma paralela, la Legislatura aprobó la ley 2973. Y cuando ya era un secreto a voces que Macri vetaría esa norma, el diputado Facundo Di Filippo (Coalición Cívica) presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, presentó otro recurso, esta vez en favor de todos los vecinos que viven en la traza. El viernes último, en plena feria judicial, el pedido recibió el aval de la jueza Liberatori.
“Estamos ante la amenaza cierta a un derecho constitucional doblemente afectado por el gobierno de la ciudad –dijo la jueza, en su fallo–. Por un lado, porque no se han tomado recaudos acerca de dónde habrían de ser trasladadas las personas a desalojar, y sin contemplar qué sucede con los niños. Por el otro, tampoco le es respetado a esas personas su derecho a vivir al menos donde están, en la situación de precariedad absoluta en la que se hallan.”Hace una semana, más de 30 organizaciones sociales le pidieron a Macri que no vetase la ley. La nota que firmaron el CELS, la APDH, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre otras, le reprocharon además su política en materia habitacional, en especial el proyecto de ley que le quita competencias que tenía el Instituto de Vivienda de la ciudad para otorgárselas a la Corporación Buenos Aires Sur (a la que se encomienda la urbanización de las villas del sur de la ciudad) y la creación de una Unidad de Intervención Social para atender problemas de infraestructura.